Emilio Y Marcelo (columna del Reforma 16/jun/08)

 
Emilio Y Marcelo
por: Sergio Aguayo Quezada
 
 
Yen el reino de la impunidad se hizo el portento, y los derechos de las víctimas recibieron prioridad. El acontecimiento es tan poco frecuente que amerita una disección para entender una génesis que tal vez pueda ser replicada.

Los políticos y gobernantes del México nuevo se distinguen por invocar, con cierta frecuencia, los derechos humanos… y por seguir sometiéndolos a consideraciones políticas. Cito, como indicadores, su costumbre de negociar la titularidad de los organismos públicos de derechos humanos en donde buscan poner a personajes sumisos, y su tolerancia hacia la forma en que funcionan las corporaciones policiacas. Pocos son los tricolores, azules o amarillos que escapan a esta especie de Norma Oficial de la Ignominia. La capital dominada por la izquierda perredista no ha sido la excepción.

Nada más conocerse la absurda muerte de 12 personas en la discoteca de la Gustavo A. Madero el primer impulso de mandos medios y superiores fue practicar el arte de la evasión que, como bien se sabe, es preámbulo del ritual de la impunidad: el culpable fue el dueño… los muchachos salieron en estampida y fueron atropellados… ese día yo no estaba ahí… La diferencia estuvo cuando el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, le pidió a Emilio Álvarez Icaza que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) averiguara lo sucedido aquella tarde y vigilara la forma en que se conducía la investigación.

Una petición notable porque la comisión ya había acreditado su independencia y autonomía durante, por ejemplo, el plantón lopezobradorista en Reforma o las batallas por las sociedades de convivencia y la interrupción del embarazo. El jefe de Gobierno tomó el riesgo porque tenía poquísimas opciones, porque era una manera de salirse del cerco establecido por las tribus perredistas y el gobierno federal, y porque confiaba en que la investigación sería conducida con profesionalismo y objetividad. Tras esta última creencia está una relación construida sobre el conocimiento y el respeto a las respectivas atribuciones.

El nexo se inició en los años de Andrés Manuel López Obrador cuando Marcelo era secretario de Seguridad Pública y atendió las recomendaciones enviadas por la comisión. Su actitud se mantuvo y consolidó durante el proceso de elaboración, en el 2007, del Diagnóstico de los derechos humanos del Distrito Federal, un documento de vanguardia. Sobre esas bases se fincaron las reacciones de los dos.

En 18 días la CDHDF produjo dos informes anclados, de principio a fin, en los derechos de las víctimas (y eso incluye a los deudos que fueron informados y consultados permanentemente). El resultado es un texto inquietante porque, además de reconstruir minuciosamente la tardeada trágica, ubica al acontecimiento como la consecuencia inevitable de una estructura de poder nociva para las mayorías y decidida a perpetuarse. Un indicador de lo correoso de esta red de corrupciones es que, en medio del escándalo, hicieron todo lo posible para encubrir a los responsables. Después de aquella tarde, nos dice la comisión, "las violaciones no se detienen, por el contrario, crecen, se multiplican y acentúan".

No estamos ante un hecho aislado sino frente a la cotidianidad. Los capitalinos vivimos en un "régimen de costumbre dentro del cual se permite a las policías maltratar, vejar, humillar, asaltar, amenazar e intimidar a los ciudadanos, en particular cuando pertenecen a sectores desfavorecidos o son jóvenes y niñas o niños". Tuvieron que morir 12 personas para que esta tesis -mencionada en varias ocasiones por la comisión- llevara a tomar decisiones de fondo al jefe de Gobierno.

Estamos ante un hecho que trasciende la coyuntura. En primer lugar, lo sucedido en las últimas semanas es una condena explícita a lo dejado de hacer por una izquierda que le ha fallado a los capitalinos -sobre todo a los más débiles, pobres y marginados- para dedicarse a la disputa de los cargos y a la consolidación de feudos de poder. Si en sus últimas elecciones internas el PRD mostró la profundidad de su crisis como partido, los informes de la comisión exhiben su fracaso como gobiernos comprometidos con modificar lo torcido. El jefe de Gobiero se ha comprometido a una reestructuración a fondo de las policías y la Procuraduría; si cumple con su promesa requerirá del respaldo de una izquierda que tendrá una oportunidad para demostrar que pueden ser mejores como gobierno. Resultan insuficientes las evocaciones a la persecución autoritaria o los discursos grandilocuentes sobre un futuro glorioso.

Una segunda lección es la confirmación del enorme potencial que tienen los organismos públicos auténticamente autónomos y comprometidos. Los partidos y gobernantes han preferido castrarlos porque no entienden su utilidad para la gobernabilidad democrática. El riesgo de una recaída es constante: si ya resulta absurdo que Francisco Chíguil, delegado de la Gustavo A. Madero, busque regresar al cargo olvidándose de su "responsabilidad ética" al permitir el funcionamiento irregular de la discoteca, me parece inconcebible que el PRD capitalino lo respalde sin hacer una autocrítica sobre su responsabilidad en el mantenimiento de esas policías y Procuraduría.

La historia no está cerrada y vendrán tiempos de tensión entre Emilio y Marcelo. En el cumplimiento de las recomendaciones se juega la forma como se ejerce y limita el poder en la capital del país. Quedémonos, por ahora, con el buen sabor dejado por la lección principal: si los organismos autónomos hacen su trabajo en serio, y si los gobernantes los escuchan y reaccionan con hechos, nos iremos quitando esa costra de cochambre dejada por una impunidad centenaria.

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