Los emboletados (columna del reforma 09/07/08)

Los emboletados
por: Sergio Aguayo Quezada
 
Los siete integrantes de la CIDH -ninguno de ellos mexicano- reactivaron la esperanza de que algún día conoceremos lo que encierran las boletas empleadas en la elección presidencial del 2006. El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) tiene una gran oportunidad para empezar a recuperar la legitimidad dilapidada.

El secretismo es el mejor nutriente de la corrupción, la impunidad y el cinismo. Durante el siglo XX se hartaron de escamotearnos, una y otra y otra vez, la información sobre todas y cada una de las elecciones bajo sospecha. El ejemplo más acabado de la opacidad fue aquella quemazón de las boletas electorales de 1988. Para evitarse un contratiempo similar el PAN y el PRI modificaron, en 1990, la legislación electoral e hicieron obligatoria la destrucción de las papeletas.

Después del 2006 el IFE hizo malabarismos lógicos, jurídicos y lingüísticos para mantener cerrados los paquetes mientras preparaba la eliminación de los papeles. Se refugió en la ley electoral mientras que los inconformes lo hicimos en las leyes de acceso a la información. A raíz de una iniciativa de John Ackerman, Rafael Rodríguez Castañeda, en representación de la revista Proceso, buscó la protección de la justicia a partir de septiembre del 2006. Debe reconocerse que el Consejo General del IFE frenó sus impulsos pirómanos y decidió interrumpir el procedimiento hasta la conclusión de los juicios.

Si hablo en plural es porque, para apuntalar el procedimiento de la revista semanal, Fundar -un centro de análisis e investigación cuyo consejo presido- inició otra demanda en octubre del 2007. Ambos procedimientos se imbricaron apoyándose mutuamente. La petición de Proceso llegó hasta la Suprema Corte en donde, por seis votos contra cinco, los papeles fueron condenados a la guillotina. Las boletas se salvaron porque, unas semanas antes, otro juez mexicano había frenado la destrucción en tanto evaluaba el amparo solicitado por Fundar (su fallo, por cierto, se conocerá en los próximos días).

Mientras corrían los siempre lentos tiempos de la justicia, Proceso invocó su derecho a la información y llevó el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual también solicitó que dictara medidas cautelares para frenar la destrucción (se anticipa que Fundar perderá su solicitud de amparo por el peso que tiene el fallo de la Suprema Corte). Quien le ha dado seguimiento al caso en Washington es Graciela Rodríguez Manzo, una abogada de Fundar enviada al Cejil (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) a aprender el oficio de llevar la defensa de derechos humanos en el exterior.

A estas alturas del relato procede un paréntesis contextualizador. En México siguen violándose, y en serio, los derechos humanos y la norma es que nos fallen la mayor parte de las instituciones encargadas de protegerlos. Entre la multitud de ejemplos estarían los casos de Lydia Cacho, Ernestina Ascensio, Atenco, candidaturas independientes, los mineros de Pasta de Conchos, Oaxaca y los desaparecidos. El "estado de derecho" se ha convertido en una frase vacía de contenido frente al paraíso de la impunidad y el cinismo por todos padecido.

Se ha hecho inevitable buscar en el exterior la protección que aquí se nos niega. Una tarea indispensable porque el gobierno federal, a través de Relaciones Exteriores, intenta bloquear el escrutinio externo e impedir que de fuera opinen sobre lo que está pasando dentro del país (ésa es la connotación más ominosa de la expulsión de Amerigo Incalcaterra, el ex representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos). Regresamos a los tiempos cuando brillábamos en el exterior para mantener al país en la oscuridad.

Esto permite aquilatar las decisiones tomadas por los siete comisionados de la CIDH (ahora la preside Paolo G. Carozza). El 2 de julio la CIDH pidió al Estado mexicano "suspender la destrucción de las boletas electorales de la elección del 2 de julio de 2006, hasta que la Comisión se pronuncie" sobre el fondo del asunto. Antes habían tomado resoluciones sobre candidaturas independientes y un desaparecido durante la guerra sucia.

Corresponde al IFE decidir si acepta o rechaza la petición de la CIDH. Un IFE que hizo desfiguros para mantener cerrados los paquetes, pero tuvo la prudencia de mantenerlos intactos en tanto se agotaban los procedimientos. El 15 de agosto se incorporan tres nuevos consejeros y serán mayoría quienes no estuvieron en el 2006. Es un momento propicio para que intenten conciliar las leyes electorales con las de acceso a la información. Suena lógica la propuesta de digitalizar las boletas para subirlas a internet. Iniciativas de ese tipo le ayudarían a restañar una legitimidad zarandeada por su errático comportamiento del 2006. Ahora que José Antonio Crespo demostró en su libro (2006: hablan las actas) la mediocridad, ineficacia y parcialidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el IFE puede demostrar su deseo de ingresar a las filas de los comprometidos con la democracia y la transparencia.

Una aclaración final. La verdad jurídica es irreversible y Calderón será Presidente hasta el 2012. Falta esa verdad histórica que tal vez evitaría una repetición de la tragedia. Si se está ganando esta batalla por la democracia es por la decisión tomada por siete extranjeros y porque ya entendimos que puede actualizarse la inmortal frase de Emiliano Zapata: "El apoyo internacional es de quien lo trabaja".

 
 
La miscelánea
 
 
Otro emboletado es el embajador mexicano Luis Alfonso de Alba. En un proceso caracterizado por la opacidad, la Organización de las Naciones Unidas lo ha incluido en la lista de los 10 finalistas que aspiran a sustituir a Louise Arbour, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que terminará este mes su mandato. Relaciones Exteriores respalda al embajador sin haber consultado a los organismos defensores de derechos humanos. Sin meterme a discutir los méritos del diplomático la pregunta de fondo tiene que ver con sus lealtades. En caso de ser nombrado Alto Comisionado, ¿defendería, Luis Alfonso de Alba, a los mexicanos víctimas de las violaciones de los derechos humanos o apuntalaría el cerco que el gobierno de Felipe Calderón está creando para impedir que la comunidad internacional opine sobre la indefensión en la que vivimos? Sería útil que el aspirante dijera algo al respecto.

 

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