DE ESE MODO NO

Miguel Ángel Granados Chapa
Por respeto a los usuarios de la vía pública donde se han instalado los campamentos de la coalición Por el Bien de Todos, deben quedar abiertas a la circulación las calles ahora obturadas, pues no se condice ese atropello con la profesión de una fe política democrática
Andrés Manuel López Obrador, la coalición Por el Bien de Todos, las redes de activistas a favor de aquél, el comité de resistencia civil, si no lo han hecho a la hora en que usted lea estas páginas, deben revisar su actual estrategia y abrir a la circulación las calles donde se asentaron desde el domingo los campamentos que expresan la exigencia de que la justicia electoral haga el recuento de los votos emitidos el 2 de julio.

El cierre del Paseo de la Reforma, la avenida Juárez y la calle Madero al tránsito rodado genera dificultades y complicaciones de diversos géneros y afecta los derechos de terceros. No sólo de quienes viven y trabajan o acuden a diligencias de distinta naturaleza en esas vías, sino también de quienes tienen que encontrar caminos alternos por donde circular, y provocan o sufren los efectos laterales de aquella clausura. No considerar la situación de miles, quizá cientos de miles de personas es una intrínseca falta de respeto, impropia además de un movimiento democrático. Lo es sobre todo porque pueden practicarse modalidades diferentes sin mengua de los fines propuestos, que no pongo en duda, pues mi objeción a este modo de acción civil no implica apartamiento de mi convicción de que los votos deben ser recontados en la medida en que sea posible y necesario, dada la duda razonable que se cierne sobre el resultado oficial festinado.

Una de las prendas personales de López Obrador, convertida en obra de gobierno, fue su reconocimiento a personas a las que nunca nadie había dirigido la mirada. Las personas mayores de 70 años, para hablar de sólo uno de los segmentos atendidos por la política social del jefe de Gobierno entre 2000 y 2005, eran "ceros sociales", como se denominaba en el siglo XIX a los marginados, seres humanos inexistentes aun más que colocados fuera de la visibilidad del poder público. Junto con el monto de la pensión asignada, por ley ahora, a esas personas, ellas aprecian el que se las considere y se las respete, que se agregue dignidad, por así decirlo, a la que poseen de suyo.

Lo mismo debe hacerse respecto de los usuarios de las calles cerradas por la movilización anunciada el domingo. Merecen consideración y respeto, y que no se añadan problemas a los que implica resolver el día con día. Hay un algo o un mucho de insolencia autoritaria en quien cancela accesos en la vía pública por considerar que sólo su derecho vale, o que es de entidad superior a los demás. Los innumerables retenes en multitud de colonias y fraccionamientos resultan de esa actitud, de esa sobreestimación de los propios intereses respecto de los ajenos. Es insostenible que particulares decidan el uso de la vía pública, temporal o permanentemente. Es mucho menos admisible que lo haga un conjunto de partidos y personas en legítima lucha por evitar que sus derechos sean arrollados. Aun si sólo estuviéramos en presencia de una diferencia tan breve entre las dos votaciones mayores, tan escasa que significa sólo dos votos por casilla, habría razón para demandar una contabilidad exactísima, que en el ámbito judicial refuerce la que se realizó ya en el administrativo. Pero han surgido indicios, percibidos no sólo por la parte interesada, sino por agrupamientos civiles de distinta naturaleza, de que la elección estuvo afectada por irregularidades -por decir lo menos- que suscitan duda razonable. Por añadidura, el papel del Consejo General del IFE, y de su presidente, Luis Carlos Ugalde, en la gestación de efectos políticos creadores de la falsa imagen de que la elección está resuelta, obligan a una revisión del procedimiento al menos en lo que hace al cómputo.

Pero asegurar el derecho a la justicia electoral no autoriza a nadie a atropellar otros derechos, tan legítimos como aquéllos y que conciernen a ciudadanos tan dignos de respeto como quienes protestan por la situación posterior a la jornada electoral. Más aberrante resulta el hecho cuando que la interrupción del tránsito por quién sabe cuántos días o semanas en avenidas principalísimas está siendo practicada, entre otros grupos y personas, por quienes dentro de unas cuantas semanas asumirán la autoridad delegacional y estarán obligadas a cumplir ordenamientos municipales que hoy desacatan.

Principalmente por esa razón, democrática y humanista, de respeto a los demás, deben los campamentos situarse fuera de los arroyos vehiculares. Pero también deberían sus organizadores cavilar en la impertinencia política de una medida que por impopular genera animadversión donde quiera que es puesta en práctica. Todos, a bordo de vehículos particulares o de servicio público, hemos padecido contratiempos en la ciudad por la obturación al tránsito provocada por una movilización social, y es seguro que nuestra reacción no haya sido nunca de simpatía a la causa que genera la congestión urbana. Y cuando, como ocurre a López Obrador, su gesta no es bien comprendida por los sectores que no votaron en su favor, la inoportunidad salta a la vista.

López Obrador recomendó que en los campamentos haya disciplina, respeto y limpieza. Y anunció la realización en ellos de actividades culturales y artísticas, algunas destinadas a niños que aún están de vacaciones. En buena hora que eso acontezca. En mejor hora esos campamentos sirvan, colocados donde no estorben la vida cotidiana, para difundir un mensaje pedagógico que proclame la posibilidad de protestar con gallardía o mostrarse alerta con perspicacia sin por ello dañar a otros.

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